La realidad latente de la Trata de Personas y las consecuencias del desguace de políticas destinadas a la protección
Por Marina Pechloff
Loan Peña de 5 años de la localidad correntina 9 de Julio, se encuentra desaparecido desde el 13 de junio. El caso está viciado de contradicciones y se dieron varios giros durante la búsqueda, pero una de líneas investigativas más fuertes que maneja la Justicia Federal es que fue secuestrado y entregado a una red de Trata de Personas. Este delito que abarca desde la captación, el reclutamiento hasta la explotación sexual y laboral, es una realidad latente desde hace décadas.
Lamentablemente, Loan Peña no es el único menor desaparecido. Trazando un paralelismo con la provincia fronteriza de Formosa, sale a la palestra la desaparición en el año 2010 de Juan Agustín Bataglia oriundo de Clorinda, que hasta el día de hoy sigue sin aparecer. Según Missing Children en el país hay más de 110 chicos que son buscados, muchos de ellos hoy ya son mayores de edad.
La Línea 145, administrada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), recibió más de 7.500 denuncias por trata de personas entre 2020 y 2024. En lo que va del año, se registraron 812 denuncias; entre ellas, 121 relacionadas con explotación de menores.
La Trata de Personas es un desafío para la aplicación de políticas públicas de Estado que contemplen desde herramientas hasta protocolos, pero además exige la concientización de la sociedad en su conjunto y la necesaria articulación por parte de las autoridades provinciales, nacionales y judiciales.
Por Loan se inició un pedido de búsqueda nacional e internacional y una de las tantas hipótesis apuntaron que fue ingresado ilegalmente a Paraguay. El caso logró imponerse en la agenda mediática nacional, trayendo nuevamente a escena el fantasma de la expropiación de menores con fines de trata en la Triple Frontera, pero además tomó relevancia el desmantelamiento que realizó el gobierno de Javier Milei al Comité Nacional de la Lucha contra la Trata que estaba presente en todas las provincias con un delegado que ejecutaba distintas líneas de acción y también hubo una reducción del personal de la línea 145 llevándolo al 50 por ciento de su capacidad operativa.
"El recorte presupuestario no tiene nada que ver con la lucha contra la trata de personas", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, sin embargo, el presupuesto dedicado al área de rescate, acompañamiento y protección de víctimas sufrió un recorte del 72,11% y 90%, en el primer trimestre de 2024, reveló la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el informe “Un ajuste que agranda la brecha”.
El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de personas entre el 2020-2023 asistió y rescató a más de 5000 víctimas de trata - muchas de las cuales son de las provincias del NEA que es una zona de captación, según reveló Soledad Yorg, ahora exdelegada en Formosa del Comité contra la Trata y Explotación de Personas. Las víctimas tras ser rescatadas recibían distintas formas de asistencia y contención. En ese punto, cabe mencionar a Formosa, que fue la primera en marcar el camino dando acceso a la vivienda a una víctima de trata.
Por el trabajo de quienes integraban el Comité Ejecutivo y el empuje de la fundación La Alameda con Gustavo Vera a la cabeza, se elaboró y ejecutó dos planes bienales y además fue calificado durante cuatro años consecutivos, en la máxima categoría a nivel global, entre los países que más se esforzaron en luchar contra la trata.
El exdirector del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas denunció ante la Justicia a la cartera que dirige Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público y advirtió que si se recorta la ayuda a las víctimas se las puede volver a ubicar en un lugar de alta vulnerabilidad.
La desarticulación de políticas de protección
La trata de personas en un delito complejo, con células que están sumamente organizadas, por lo cual se requiere de la coordinación de organismos tanto nacionales, provinciales y judiciales, para el rescate, la protección de las víctimas y la asistencia que corresponda. Esto se enmarca en el protocolo de articulación y en la normativa vigente en la materia tanto nacional como internacional.
De acuerdo a la organización federal que tiene nuestro país, cada provincia define el organismo responsable en su jurisdicción de la asistencia integral que cada situación requiera, teniendo particular atención en el caso de tratarse de niñas, niños y adolescente con la intervención de las áreas específicas de infancia, mencionó Alejandra Shanahan exdirectora de Promoción y Protección Integral de la SENAF.
La institucionalidad en materia de trata se encuentra a 6 meses de iniciada la gestión sin funcionar. Habida cuenta de ello es que no se conocen reuniones del Comité Ejecutivo de Trata o del Consejo Federal de Trata en lo que va del año.
“El desfinanciamiento de políticas públicas afecta tanto los servicios que el Estado tiene que brindar por la normativa específica de nuestro país, como de compromisos asumidos en el ámbito internacional, como el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas, especialmente mujeres y niños”, apuntó Shanahan.
“Dentro de las políticas públicas de asistencia a las víctimas, se destacaba la ejecución de programas que eran parte de los distintos ministerios que integraban el Comité con mesas interjurisdiccionales en todas las provincias del país, las cuales fueron desmantelas tras la asunción del actual gobierno de La Libertad Avanza. También, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) fue reducida a subsecretaria”.
“Había un delegado por provincia y esos delegados tenían la función de articular las mesas entre organismos de provincia, Nación, judiciales, sindicales y de la sociedad civil. Gestionaban ordenanzas y proyectos de ley y participaban como veedores en inspecciones o allanamientos”, explicó Gustavo Vera, exdirector del Comité.
El Comité Nacional contra la Trata mediante un trabajo conjunto y coordinado con SENAF y la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral, entre otras áreas, habían presentado un Registro de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas (REDAVIT) y una guía de orientaciones institucionales para asistir a víctimas de este delito. Esto permitió generar un mapa nacional, y así fortalecer los esfuerzos para una mejor asistencia, contención y acompañamiento a las víctimas.
¿Qué pasa con el presupuesto para las políticas de NNA?
El programa de fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria que depende del Ministerio de Infraestructura sigue sin ejecutar ningún recurso en lo que va del año.
El programa destinado al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles apenas ejecutó $34 millones, que representa menos del 1% de lo ejecutado en los mismos meses de 2023.
La Asociación de Trabajadores del Estado presentó ante el Comité de Derechos del NIño de la ONU que en relación al primer cuatrimestre de 2023, este año se produjo una reducción del 75% en términos reales del presupuesto destinado a las políticas públicas de niñez y adolescencia. Asimismo, hubo una eliminación y/o puesta en pausa de la ejecución de programas ya existentes, aun cuando algunos de ellos fueron creados por leyes nacionales.