Defensorías de todo el país solicitaron prórroga para la inscripción a los subsidios de energía
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La comisión Directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) solicitó al gobierno nacional la prórroga para la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (ARSE). Advirtieron que, de no ampliarse el plazo o dar marcha atrás con esta decisión, “se estima que 1,7millones de hogares muy vulnerables empezarán a pagar las tarifas del mismo valor que los sectores de altos ingreso”.
La entidad instó al “ministro de Economía a cargo de Luis Caputo y al secretario de Energía, Eduardo Chirillo, a que se prorrogue por 60 días, el plazo establecido en el art 8 de la Resolución N° 90/24, con el objeto de que el mayor número de usuarios residenciales, puedan inscribirse en el RASE, donde serán ubicados en los Niveles 2 o 3 y así obtener algún beneficio, evitando que los mismos sean categorizados directamente como N1 y tengan que pagar una tarifa plena de energía eléctrica”.
La declaración fue firmada por la titular de ADPRA Rosa Muiño, defensora del Pueblo de CABA, Enrique Pochat, vicepresidente I, defensor de Morón, José Leonardo Gialluca, Vicepresidente II por Formosa, Claudia Bard, Vicepresidenta III, por Chubut y Bernardo Voloj, secretario en representación al Chaco.
Al pedido de la Comisión Directiva de ADPRA, se sumaron todos los defensores del país, quienes expresaron que el “término fijado desde el Gobierno Nacional es muy exiguo, el cual además se superpone con el receso invernal, período donde miles de ciudadanos se encuentran fuera de su residencia habitual y se les podría dificultar la inscripción, así como la permanente caída de sistema de la página de la Secretaría de Energía, que entorpece y dificulta un trámite que debe ser realizado virtualmente por esta vía”.
Además, se solicitó “una mayor campaña de información para que los usuarios tomen conciencia de la importancia de inscribirse para no perder los subsidios”. Por último, respecto al tope de los mismos, se requirió “equiparar los topes de consumo subsidiados, entre los otorgados a las provincias del norte respecto a las del sur, que son y continúan siendo más altos, originándose con ello inequidades innecesarias, todo, a fin de evitar que más número de familias caigan en una situación de pobreza energética”.