Marijuán denunció a Alberto Fernández y varios gobernadores por “favores políticos” a través de las pensiones por invalidez

El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó hoy una denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández y varios ex funcionarios, señalando un aumento desmedido en las pensiones por invalidez entre 2020 y 2023.

Según la denuncia, diversos decretos y resoluciones habrían flexibilizado los criterios para otorgar estos beneficios, permitiendo "favores políticos" a intendentes y gobernadores. En la presentación, se afirma que se encontraron "personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera presentaban una condición médica de discapacidad". Además, se redujo el tiempo de otorgamiento de dos o tres años a tan solo tres meses.

Además de Fernández, Marijuán denunció a los ex directores ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Marijuán sostiene que entre 2020 y 2023 se llevó a cabo un plan sistemático para flexibilizar el proceso de otorgamiento de Pensiones No Contributivas por Invalidez, permitiendo su entrega masiva e irregular, en especial con fines políticos. Durante ese período, se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios, lo que significó un aumento del 1500%, pasando de 79,581 casos en 2003 a 1,222,882 en la actualidad.

La resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, permitió iniciar el trámite sin el Certificado Médico Oficial y modificó los parámetros para determinar el estado socioeconómico y de vulnerabilidad de los solicitantes. Esta norma eliminó el tope máximo de inmuebles y permitió que se considere vulnerable a quien posea un vehículo con más de diez años de antigüedad.

La denuncia también se refiere a la resolución 134/2020, que permitió que en los casos de menores de 18 años, el Certificado Médico Oficial no sea evaluado por la Coordinación de Fiscalización Médica. Asimismo, menciona el decreto 7/2023, que permitió el acceso a las prestaciones a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social y sin vínculo laboral formal.

El decreto 566/2023, publicado en noviembre de ese año, estableció que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad pueden trabajar y cobrar la pensión simultáneamente.

Marijuán también detalla una serie de concesiones hechas entre 2020 y 2023, que eliminaron requisitos como el 76% de incapacidad laboral, la imposibilidad de trabajar, y redujeron la residencia mínima de extranjeros de 20 a 10 años, entre otros cambios.

La denuncia incluye 259 operativos de alta masiva de pensiones en provincias gobernadas mayoritariamente por el peronismo, como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones y Buenos Aires. En provincias con gobernadores no afines, como Corrientes, los operativos habrían sido coordinados con los intendentes.

El fiscal acusa a Fernández y a los funcionarios de defraudación a la administración pública, argumentando que se eliminaron inexplicablemente requisitos esenciales para el otorgamiento de pensiones por invalidez, distribuyendo prestaciones con dinero público a personas que no cumplían los requisitos legales, con el fin de obtener apoyo popular. La denuncia también menciona irregularidades como certificados acompañados por radiografías de animales o poemas como estudios complementarios.