El Gobierno avanza con una sorpresiva primera privatización: la metalúrgica IMPSA

El Gobierno avanza con una primera privatización sorpresiva, una metalúrgica ubicada en la provincia de Mendoza que no estaba en la lista de firmas sujetas a una venta contemplada en la recientemente sancionada Ley Bases.

Se trata de la metalúrgica mendocina IMPSA, que en 2021 había sido estatizada por decisión del presidente Alberto Fernández. El Estado invirtió en ese momento US$15 millones y se quedó con el 63,7% de la firma, mientas que Mendoza aportó US$5 millones y maneja el 21,2%. El 15,1% restante de las acciones quedaron en manos privadas.

Según anuncia la prensa mendocina, este miércoles se firmará la carta de intención con una empresa estadounidense interesada en comprar la firma y el jueves se llevará a cabo el acto formal, del que también participará el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La empresa, que realiza trabajos para la represa Yacyretá, entre otros, tiene un rojo mensual cercano a los 1,5 millones de dólares, y emplea a unos 720 trabajadores.

Desde hace tres años, el Estado nacional y la provincia de Mendoza vienen inyectando cuantiosos recursos en la empresa, fundada en 1907 por al familia Pescarmona.

El comienzo de la asistencia

El 25 de junio de 2020, el CEO de IMPSA le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.

En diciembre de ese año, el Ministerio de Desarrollo Productivo confirmaba que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores.

Unos días antes, IMPSA había informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que había logrado reestructurar su deuda de US$560 millones, pudiendo patear así el pago de intereses de sus obligaciones para 2025 y el del capital, a partir de 2028, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.

La deuda millonaria tuvo su origen en 2014, producto principalmente por “malos negocios” con Venezuela, cuando se tuvo que hacer un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujo a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado.

LA NACION