miércoles 18 de septiembre de 2024

TRAS VIOLENCIA EN DIPUTADOS

Denuncian irregularidades en la sanción de la ley de reforma jubilatoria de Santa Fe

La nueva ley, que establece una nueva emergencia previsional, es una “perversión en el lenguaje”, recalcó el diputado para sumar que plantea el cambio como un “aporte solidario” cuando en realidad implica recortes para jubilados y trabajadores del estado.
viernes 13 de septiembre de 2024

En una entrevista con el programa La Otra Mirada de FM Espacios, Carlos Del Frade, diputado provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular (FSP), criticó duramente la reciente aprobación de la reforma jubilatoria en la legislatura de esa provincia, un proceso que, según él, estuvo marcado por incidentes y irregularidades graves.

 

Violencia y protestas

 

Del Frade describió el caos que se desató durante la sesión de la legislatura provincial: “Lo que pasó ayer en la legislatura de la provincia de Santa Fe, y que tuvo repercusión nacional, tiene que ver con los hechos de violencia que lamentablemente ocurrieron cuando un grupo de manifestantes se enfrentó con la policía”.

El legislador destacó que los manifestantes rompieron la principal puerta de la legislatura, un acto que calificó de “inédito en la historia política” de la provincia.

El diputado relató cómo, a pesar del ambiente tumultuoso, el oficialismo procedió con la votación de la reforma jubilatoria: “Nosotros nos paramos todos porque teníamos la convicción profunda de que no se puede sesionar en democracia cuando hay hechos de violencia. Sin embargo, el oficialismo llevó adelante una votación que consideramos viciada de nulidad”.

 

Críticas a la reforma

 

En otro tramo de la entrevista, Del Frade argumentó que la nueva ley, que establece una nueva emergencia previsional, es una “perversión en el lenguaje”, describiéndola como un “aporte solidario” que en realidad implica recortes para jubilados y trabajadores del estado.

“Lo que se busca es sacar dinero a los jubilados y docentes para reducir el déficit de la caja de jubilaciones”, indicó Del Frade, quien cuestionó la necesidad de la medida dado que el déficit proyectado para este año es de 430 mil millones de pesos, una cifra que “no llega ni al 10% del presupuesto provincial”.

El legislador también criticó la celeridad con la que se aprobó la ley, sin la debida consideración de los procedimientos reglamentarios: “El oficialismo avanzó sin poner a consideración de la cámara de diputados cómo se estaba desarrollando la sesión. La votación no cumplió con los requisitos de las dos terceras partes necesarias para modificar el reglamento”.

 

Impacto

 

Del Frade señaló que la reforma aumentará los años de aporte y la edad jubilatoria, a pesar de las afirmaciones oficiales en contrario.

“Una docente que hoy con 57 años accedía al 82% móvil, ahora tendrá que esperar a tener más de 60 años para obtener el mismo porcentaje”, explicó, añadiendo que esta modificación afecta gravemente a los trabajadores del estado.

La oposición, según Del Frade, manifestó su rechazo a la reforma y está considerando acciones legales. “Creemos que esto es político y estamos dispuestos a acompañar como testigos si nos llama la justicia”, afirmó, aunque también expresó escepticismo sobre la imparcialidad del poder judicial. “El poder judicial es cada vez más dependiente del poder ejecutivo”, sostuvo Del Frade, criticando la falta de independencia en la toma de decisiones.

El diputado también destacó la división creada entre los trabajadores estatales y los privados, exacerbada por las políticas provinciales y nacionales. “La gente está muy preocupada y dolida. El gobierno provincial instaló la idea de que los trabajadores estatales son distintos a los demás, generando una separación que es un problema serio”, dijo Del Frade.

Finalmente, Del Frade advirtió que la reforma jubilatoria aprobada en medio de la violencia y las irregularidades es una muestra de autoritarismo y falta de transparencia del gobierno de Pullaro.

La ley ya está reglamentada y, a partir de ahora, la jubilación en el sector público en Santa Fe enfrentará cambios significativos, según el legislador, “quien sostiene que el proceso fue acelerado y repleto de irregularidades, y que seguirá luchando políticamente contra esta decisión”.