FATUN advierte sobre el riesgo de arancelamiento en las universidades públicas y convoca a la Marcha Federal
Mañana miércoles 2 de octubre, los estudiantes y docentes de las distintas universidades públicas del país se concentrarán para marchar en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el presidente Javier Milei anticipara su intención de vetar el proyecto aprobado por el Congreso.
La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, superando de manera holgada los dos tercios.
La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
Desde abril hasta octubre tuvieron lugar negociaciones entre las máximas autoridades de las universidades y los funcionarios del gobierno de Milei. El reclamo está trabado en el financiamiento para el funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición de los salarios docentes y trabajadores en general de las casas de altos estudios.
En relación a este tema, en diálogo con FM Espacios Jorge Anró, el secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), brindó fuertes declaraciones.
En la víspera de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN (Federación Argentina del Trabajo de las Universidades Nacionales), dialogó con FM Espacios de Formosa sobre las preocupaciones del sector y las falacias que rodean al debate sobre la educación superior en Argentina.
Anró denunció un desconocimiento alarmante por parte del gobierno nacional respecto al funcionamiento real de las universidades públicas, haciendo especial hincapié en las declaraciones del presidente sobre la necesidad de auditorías. "La Auditoría General de la Nación está permanentemente dentro de las universidades públicas, controlando su funcionamiento", aclaró el dirigente, desmintiendo la idea de falta de transparencia.
El secretario adjunto de FATUN se refirió al fantasma del arancelamiento que resurge con fuerza en el discurso oficialista, calificándolo como una idea "absurda" e "inviable". Según explicó, el costo de mantener la universidad pública, incluyendo investigación, extensión y hospitales universitarios, no podría ser solventado por los estudiantes a través de aranceles, por lo que la medida solo beneficiaría a las instituciones privadas. "Sería mucho más costoso que una universidad privada", sentenció.
Las universidades tienen un retraso salarial del 56% desde la asunción de Javier Milei
Anró también cuestionó el argumento de que la universidad pública adoctrina ideológicamente, afirmando que la libertad de cátedra garantiza la discusión de todas las corrientes de pensamiento.
Con respecto a la marcha, el dirigente destacó la amplia convocatoria que trasciende al sector universitario, involucrando a "todo el pueblo argentino" que defiende la educación pública como herramienta de progreso e inclusión social.
Finalmente, Anró reveló que el gobierno de la ciudad ha mostrado una buena predisposición para garantizar el desarrollo pacífico de la marcha, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación, por el contrario, ha optado por la presión y la amenaza como forma de desmovilización.